La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Cataluña, ante un nuevo 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, MANIFESTAMOS que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es el objetivo irrenunciable que inspira nuestras actuaciones y fundamenta nuestras reivindicaciones. COMPROMETAMOS nuestra fuerza sindical para que, por fin, se haga efectivo el derecho a la igualdad de las mujeres, velando por que se cumpla especialmente en un ámbito que nos interpela directamente: el laboral.
En UGT tenemos presente cada día que la conquista de la igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres implica conseguir que los espacios de trabajo estén libres de discriminaciones y violencias hacia las mujeres, a cuyo fin dedicamos la lucha sindical.
Hoy, ante un nuevo 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, una jornada reivindicativa donde todas las mujeres del mundo y todas las organizaciones que trabajamos por la igualdad real y efectiva salimos a la calle con nuestras reclamaciones, con una sola voz, por los derechos de las mujeres en el mundo. Es un buen momento para hacer balance de los avances logrados, del riesgo a retroceder (que en otras partes del mundo no es sólo un riesgo, sino una realidad) y de las cuestiones pendientes que aún deben conseguirse para disfrutar de un mundo donde la igualdad sea la ley y la realidad.
Dejamos atrás el 2023, un año complicado por la crisis que se ha sobrepuesto (energética, inflacionista, migratoria, de cuidados…), por las guerras en aumento, por las transiciones económicas (como la digitalización), por el aumento de emergencia climática, etc. Las transiciones pueden ser oportunidades, pero si no se desarrollan las políticas adecuadas desde una perspectiva de género, continuarán existiendo las diferencias, por lo que las repercusiones negativas las sufrirán las mujeres y esto agravará las situaciones de desigualdad estructural.
La última legislatura ha comportado logros fundamentales en materia legislativa, muchos de ellos fruto del diálogo social, con un impacto muy positivo para las mujeres y para la reducción de las brechas de género, como por ejemplo la reforma laboral, que ha multiplicado por cuatro la contratación indefinida, incluida la de las mujeres, y ha reducido su temporalidad. Así, los reales decretos 901 y 902 han reglamentado la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas y suponen avances para la igualdad retributiva; el real decreto ley para la equiparación del trabajo del hogar reconoce a las trabajadoras del hogar el derecho a las prestaciones por desempleo, tanto contributivas como asistenciales, entre otras mejoras; la reforma de las pensiones de 2021 y 2022, además de asegurar la sostenibilidad del sistema público y la capacidad adquisitiva de las personas pensionistas, ha incluido medidas dirigidas a reducir la brecha de género; el aumento del SMI, en más de un 54% en los últimos 5 años, ha tenido un impacto directo en el salario de millones de mujeres, especialmente, en el de aquellas que cobraban muy poco, que eran la mayoría en esa franja retributiva. Avanzamos hacia la igualdad con nuevas medidas y permisos a raíz del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de las personas progenitoras y cuidadoras.
Por otra parte, se aprobaron nuevas leyes que han consolidado nuevos derechos para las mujeres, entre las que destacamos la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y la Ley orgánica 1/ 2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Aún hoy, las mujeres siguen sufriendo acoso sexual y/o por razón de sexo en el ámbito laboral. A pesar de existir mecanismos y medidas para prevenir y abordar el acoso sexual y/o por razón de sexo en las empresas, el hecho de activarlos puede generar desconfianzas, lo que sigue ocultando y silenciando la existencia de éstas. situaciones.
En Cataluña, estos avances en materia laboral se traducen en lo siguiente: la tasa de parcialidad disminuye en 2,4 puntos, pero, sin embargo, las mujeres son las que más sufren la parcialidad involuntaria; la tasa de temporalidad desciende 7,8 puntos respecto a 2019 (última tasa registrada sin alteraciones por la COVID); la brecha retributiva persiste, lo que se traduce en el hecho que existe una diferencia de más de 6.000 € brutos anuales en la media salarial a favor de los hombres. Estos avances en el ámbito de Cataluña son posibles debido a los acuerdos adoptados en los distintos ámbitos de la concertación social. Por ejemplo, el Pacto nacional para la industria ha adoptado, en su última estrategia 2022-2025, un enfoque necesariamente de género y transversal en sus políticas para incidir en la reducción de las distintas brechas de género en el sector. El objetivo principal es aumentar la participación de la mujer en la industria hasta un 33% en aquellos puestos de trabajo donde tienen menos peso.
La Estrategia catalana para el empleo de calidad (2021-2030) también incluye una línea estratégica para disminuir la brecha retributiva, paliar la feminización de la pobreza e incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas activas de empleo. El Informe general de prospectiva 2023-2026 realiza una radiografía de la formación profesional y las salidas reales al mundo laboral para reducir las desigualdades existentes.
La herramienta más poderosa del sindicalismo para poner fin a las desigualdades de género en el mundo laboral son los planes de igualdad. Hay que avanzar en la extensión y la implementación de los planes de igualdad, ya que de las 6.000 empresas que deberían tener registrado en Cataluña, sólo encontramos 3.052, y de éstos, sólo 1.618 están en vigor.
Para UGT es prioritario
Impulsar la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad exigiendo el cumplimiento de la negociación de los planes de igualdad en los términos que obliga a la legislación y aprovechando la potencialidad de la negociación colectiva como correctora de desigualdades.
Seguir la línea de incremento del SMI hasta el 60% de la media salarial, en cumplimiento de la Carta Social Europea, y garantizar el incremento de salarios por convenio de acuerdo con el V AENC.
Mejorar las políticas activas de empleo y, en especial, las dirigidas al incremento de la inserción y la permanencia laboral de determinados grupos de mujeres con dificultades específicas (mayores de 45 años, jóvenes, sin cualificación o necesidades de recalificación, residentes a nivel rural, con diversidad funcional, migrantes, etc.).
Implementar políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos y especialmente en los cuidados. Dignificar el sector de los cuidados y adoptar políticas de corresponsabilidad efectiva. Transposición real de la Directiva 1158, sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de las personas progenitoras y cuidadoras, garantizando que el permiso parental de 8 semanas sea íntegramente retribuido.
Invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, asequibles y de calidad para el cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios relacionados con el cuidado (dependencia, personas mayores, sanidad, servicios sociales…) con empleo y recursos públicos , tanto humanos como económicos.
Comprometerse con los aspectos pendientes de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, especialmente, por el derecho efectivo a la negociación colectiva de las trabajadoras del hogar.
Realizar las modificaciones legislativas necesarias para la plena implementación del Convenio 190 de la OIT, ratificado por el Estado, sobre la eliminación de la violencia y el acoso sexual y/o por razón de sexo en el mundo del trabajo, por garantizar que los espacios de trabajo y las relaciones laborales sean libres de violencia.
Recabar datos estadísticos públicos de las situaciones de acoso sexual y/o por razón de sexo en el seno de las empresas.
Impulsar una reforma educativa basada en la coeducación que integre la educación en la igualdad y el respeto por la diversidad, y extender las infraestructuras públicas para la atención y los cuidados de calidad, accesibles y adecuados a toda la población de 0 a 3 años.